¿Se puede expulsar de España a ciudadanos de la Unión Europea?

Viernes, 28 de marzo de 2014

Hace unas semanas fue noticia el hecho de que, entre los extranjeros más expulsados de Bélgica, los españoles se encontraban en primer lugar. Más recientemente se ha dado gran difusión a la noticia de que Alemania estaría planteándose la expulsión de su territorio de los ciudadanos de la UE que, pasados tres meses, no consiguieran encontrar trabajo.

Este tipo de noticias causa extrañeza entre muchas personas, que ingenuamente piensan que en la Unión Europea existe el derecho a residir libremente en cualquier estado miembro con tan sólo acreditar ser nacional de un Estado Miembro, cuando la realidad es que no existe tal derecho de forma incondicionada. Dicho derecho sólo se reconoce a trabajadores, estudiantes y personas “solventes”.

Así lo establece la Directiva 2004/38 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que en su artículo 6 tan sólo garantiza el derecho a la libre circulación por períodos de hasta tres meses.

En su artículo 7 establece que, para residencia superior a tres meses, podrá exigirse que el ciudadano comunitario se encuentre realizando una actividad laboral, esté cursando estudios o disponga de recursos suficientes.

El problema es que, sorprendentemente, la Directiva no establece cuales son las consecuencias en caso de que una persona que no cumpla estas condiciones. ¿Se le puede entonces expulsar? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Se le puede llegar a internar por este motivo en un centro de detención?

La Directiva no dice nada, pues tan sólo regula (de forma bastante confusa), esta posibilidad  en sus artículos 27 y 28 pero tan sólo para supuestos en que se vulnera el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

¿Cómo regula España esta materia? ¿Puede España expulsar a ciudadanos de la UE?

Hasta hace poco, España realizaba una aplicación generosa de la Directiva en cuestión, pues bastaba acreditar la nacionalidad de un Estado miembro de la UE para que se le concediera el derecho a residir en España.

Sí se producían expulsiones de ciudadanos de la EU, pero sólo por motivos de orden público, seguridad publica o salud pública.

Pero la última reforma del Real Decreto 240/2007 (modificación de su artículo 7) ha venido equipararse a la Directiva, transcribiendo literalmente sus artículos en relación al derecho de residencia superior  a tres meses.

Por tanto, ahora también en España una persona de la UE puede encontrarse sin el derecho a residir por más de tres meses. Y, por ello, podría considerarse que, si se encuentra en dicha situación podría ser expulsado. Pero sobre este aspecto, también el R.D. 240/2007 guarda silencio.

En materia de expulsión tan sólo encontramos regulada esta materia de forma detallada en la L.O. 4/2000, pero recordemos que la LOEX, en su artículo establece que dicha norma sólo será de aplicación a los ciudadanos de la UE en aquellos aspectos que puedan ser más favorables. Resulta evidente que la expulsión del territorio, la posibilidad de ser detenido o internado en un CIE  no son aspectos favorables, por lo que no pueden ser considerados aplicables a los ciudadanos de la UE (ni, en nuestra opinión, a sus familiares).

Parece, pues, que nos encontramos ante una laguna legal en esta materia, por lo que, mientras no exista una regulación legal específica sobre la materia, pensamos que los ciudadanos de la UE no podrían legalmente ser expulsados de España.

En cualquier caso, vemos con tristeza que seguimos dando pasos atrás hacia lo que era en sus orígenes la Unión Europea: una mera comunidad económica.  Esperemos que sepamos parara a tiempo.

Novedades

La residencia por arraigo familiar ¿Hasta cuando mi hijo español me permite regularizarme? Cuestionables nuevas prácticas administrativas.

Jueves, 6 de marzo de 2014

No es infrecuente la circunstancia de que una persona extranjera en situación irregular tenga un hijo menor de nacionalidad española. Esta situación se puede producir diversas circunstancias, y es evidente que es una situación excepcional que  hubiera merecido hace mucho tiempo una regulación específica que permitiera, en atención del interés superior del menor, la regularización de sus progenitores extranjeros.

Pero no fue hasta 2011 cuando se dio una solución específica que no estaba sujeta a interpretaciones discrecionales de la Administración.

Así, el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011) instauró el derecho de obtener la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (art. 124.3.a)) a los ascendientes de menor español

Sin embargo, el Reglamento introdujo una novedad en lo relativo a las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Dichas autorizaciones ahora no son prorrogables, sino que, a su vencimiento, pueden modificarse para obtener una autorización de residencia inicial. No obstante, en la práctica, los requisitos para la modificación son los mismos que para una renovación, e incluso en la propia web de la Administración dicho procedimiento se tramita en el apartado de renovación de autorizaciones.

No es extraño, pues, que muchas personas que obtuvieron la residencia por arraigo familiar, al vencerse su autorización no puedan modificar la misma por no cumplir los requisitos para ello, generalmente por no haber cotizado un período suficiente a la Seguridad Social y no tener ingresos suficientes para poder obtener la residencia no lucrativa (2.219 euros al mes en la actualidad).

¿Qué ocurre en estas situaciones?

En un primer momento, uno diría que, mientras se cumplan los requisitos del reglamento para la obtención del arraigo familiar (es decir, mientras se tenga un hijo menor de nacionalidad española a cargo), no habría inconveniente en solicitar nuevamente la misma autorización de residencia por arraigo familiar.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la Administración a comenzado a informar a las personas en esta situación que no es posible formular dicha solicitud.

En primer lugar, se abusa de la tristemente habitual práctica administrativa de informar al extranjero que no se le va a recoger su solicitud, lo que es un flagrante incumplimiento de la Ley 30/1992 y que provoca que muchas personas desistan de plantear su solicitud. Pero incluso si el extranjero es conocedor de sus derechos e insiste, la solicitud es admitida pero inadmitida a trámite, alegando que se trata de una reiteración en una misma solicitud.

En nuestra opinión dicha práctica es impugnable por varias razones. En primer lugar, por falta de motivación, ya que parece evidente que el ser ascendiente de un menor español no es un hecho puntual sino una circunstancia subjetiva que se mantiene en el tiempo y que por tanto debe ser tenida en cuenta con independencia de las veces que sea necesario invocarla, pues no se está reiterando ninguna solicitud sino formulando una nueva e independiente de la anterior.

Por otro lado, no debemos olvidar que en estos casos nos encontramos con el principio del interés superior del menor, que sin duda se ve negativamente afectada por el hecho de que uno de sus progenitores (o ambos) puedan quedarse en situación irregular en España.

Además, el derecho a la vida en familia viene recogido en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es, por tanto, uno de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como tal debe ser protegido por España.

Por último, la Defensora del Pueblo ha emitido recientemente una recomendación sobre este procedimiento, en la que formula la siguiente recomendación:”impartir con urgencia instrucciones a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a fin de que concedan autorizaciones de residencia por arraigo familiar a las personas que, a la caducidad de sus tarjetas obtenidas por esa vía, no reúnan los requisitos necesarios para modificar su situación a la residencia y trabajo por cuenta ajena o propia”.

Esperemos que en esta ocasión la reacción de la Administración a esta recomendación sea más favorable que en ocasiones precedentes.

De no ser así, animamos a utilizar todas las herramientas legales para impugnar las decisiones que impidan a un ascendiente de un menor español la obtención de autorización de residencia en España.

Javier Sánchez Ribas.

Novedades

La concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza. La situación de los sefarditas y la reforma que se avecina.

Martes, 18 de febrero de 2014

En un estudio de la Fundación Civio se estudiaron las concesiones de nacionalidad española por carta de naturaleza.

De las casi mil concesiones de nacionalidad llaman la atención dos datos:

-         El primero, la desproporción entre el número de nacionalidades concedidas a médicos y científicos comparada con el número de nacionalidades concedidas a deportistas. Creemos que, para cualquier conocedor de nuestro país, resulta innecesario decir cual de estos colectivos es el  que ha sido “premiado” con mayor número de nacionalidades. (Construyendo la “marca España”).

-         El segundo, el gran número de nacionalidades concedidas a sefarditas (casi el 80% del total).

Parecería que en la práctica, el mero de hecho de ser sefardita constituye en la actualidad una condición suficiente para la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza regulada en el artículo 21 del Código Civil.

Recordemos que, además, según el artículo 22 del Código Civil, la condición de sefardita también  permite solicitar la nacionalidad española por residencia con tan sólo dos años de residencia legal y continuada (en lugar del plazo general de diez años).

Pero recientemente se acaba de anunciar una importante novedad: el anteproyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España y por el que se modifica el artículo 23 del código civil.

La principal novedad de dicho anteproyecto es que, durante un plazo de dos años, la concesión de nacionalidad española a los sefarditas dejará de ser un procedimiento discrecional para convertirse en un derecho de quienes puedan acreditar tal condición.

Además, quienes obtengan la nacionalidad por esta vía no deberán renunciar a su nacionalidad de origen.

¿Cómo se acredita la condición de sefardita?

Esta es sin duda la cuestión clave, pues es evidente que no se puede exigir una prueba plena de la descendencia de personas que vivieron en España hace 500 años.

En el anteproyecto se establecen los siguiente modos de acreditar la condición de sefardita:

a) Por un certificado expedido por la Secretaría General de la Federación de Comunidades Judías de España en el que se acredite la pertenencia del interesado a la comunidad judía sefardí.

b) Por un certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante o cualquier otra documentación que el interesado considere conveniente a estos efectos.

c) Por los apellidos del interesado o por el idioma familiar o por otros indicios que demuestren su pertenencia a la comunidad judía sefardí.

d) La inclusión del peticionario, o su descendencia directa de persona incluida en las listas de familias sefardíes protegidas por España, a que, con relación a Egipto y Grecia, hace referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o en cualquier otra lista análoga, o de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924.

e) La vinculación o parentesco del solicitante con una persona o familia de las mencionadas en el apartado anterior.

f) En el caso de presentarse la solicitud ante el encargado del Registro civil Consular del domicilio del interesado aquel tendrá en cuenta cualquier signo de pertenencia del solicitante a la comunidad española de su demarcación.

La circunstancia que aparece más indeterminada es la que hace referencia a “los apellidos del interesado”, pues no especifica  cuales son los apellidos que pueden ser tenidos en cuenta para este procedimiento ni cómo podrá determinarse qué apellidos podrán ser considerados suficientes para acreditar la condición de sefardita.

Esperemos que en la tramitación parlamentaria puedan ir definiéndose mejor estos aspectos, pues esta ley va a tener una gran importancia para millones de personas en todo el mundo.

Y también esperemos que se reconsidere el que el procedimiento sólo tenga un plazo de dos años para acogerse a él, pues no acabamos de entender que para corregir una injusticia histórica de más de 500 años se otorgue un plazo tan raquítico.

Javier Sánchez Ribas.

Nacionalidad

EXPULSION DE MADRE DE MENOR ESPAÑOL. El Tribunal Constitucional no considera que vulnera el derecho a la intimidad familiar.

Jueves, 23 de enero de 2014

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha dictado una cuestionable sentencia en relación con la expulsión de una ciudadana extranjera madre de un menor español.

Esta persona, aunque tenía residencia legal en España, fue sancionada con la expulsión de España por haber sido condenada por la comisión de un delito. El padre de la menor, además, se encontraba en prisión en el momento en que se dictó la sentencia.

Pero al Tribunal Constitucional Español no le ha parecido que al ejecutar la expulsión de esta persona se esté vulnerando ningún derecho fundamental, y fundamenta este criterio con razonamientos, en mi opinión, bastante discutibles, entre los que estarían los siguientes

“En este caso, la resolución administrativa por la que se acuerda expulsar del territorio nacional a la madre, por mucha incidencia que pueda tener en la decisión de la hija menor española sobre su lugar de residencia, no entraña ninguna obligación jurídica de salir de España, en el sentido que no se impide a la ciudadana española optar entre mantener su residencia en España, separándose de la madre, o trasladarla a Argentina junto con su madre”.(…)

“Combinando estas dos notas procede afirmar que la menor de edad de nacionalidad española, aunque no se le imponga la obligación jurídica de salir del territorio nacional, verá lesionado su derecho fundamental a permanecer en España ex art. 19 CE cuando en el caso concreto el superior interés de la menor pase necesariamente por acompañar a su progenitor expulsado a su país de destino, ya sea por no tener en España ningún otro elemento de arraigo, ya sea porque solo dicho progenitor pueda asumir su manutención.” (…)

“El “derecho a la vida familiar” derivado de los arts. 8.1 CEDH y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea no es una de las dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar ex art. 18.1 CE”

Es decir, que en opinión de nuestro tribunal el artículo 18 de nuestra Constitución no protege el derecho a la vida en familia, y además considera que un menor de siete años tiene capacidad de decidir, en caso de separación forzosa de sus progenitores, con cual quiere quedarse (aunque, como en el presente caso, uno de ellos esté en prisión).

Argumentos, como decíamos, más que discutibles y que dos de los magistrados no compartieron, formulando un voto particular cuya lectura recomendamos, y en el que se afirmaba que

“A nuestro juicio, centrar la cuestión en la manutención de la menor es centrarla en un aspecto muy parcial, olvidando otros igualmente relevantes, porque los padres deben prestar a sus hijos asistencia de todo orden (art. 39.3 CE), y no solamente la manutención.”.

¿Significa esta sentencia que debemos resignarnos a aceptar este tipo de expulsiones?

Ni mucho menos. El que el Tribunal Constitucional no considere que estamos ante la protección de un derecho fundamental no significa que no existan principios constitucionales que pueden ser invocados en casos como éste ante los tribunales como el artículo 39 de nuestra Constitución (“los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”) y que deberán ser ponderados en casos de expulsiones que supongan consecuencias tan traumáticas para un menor.

Además, recordemos que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sí está reconocido el derecho a la vida en familia (como establece el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o el articulo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

 

Confiemos, pues, en que esta sentencia será algún día superada y finalmente nuestro Tribunal Constitucional acabe reconociendo lo que a muchos nos resulta evidente: que el derecho a la vida en familia sí es un derecho fundamental y como tal debería ser protegido por nuestro ordenamiento jurídico y nuestros Tribunales.

Mientras tanto, siempre nos quedará el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que probablemente en un caso como éste tendría más consideración hacia los efectos que la expulsión de una madre puede tener sobre toda una familia.

 Javier Sánchez Ribas.

Novedades

Esos Menores tan nuestros

Domingo, 22 de diciembre de 2013

Esos Menores tan nuestros

Conversando con una colega, hablando un poco de todo, o mucho de nada, todo es perspectiva; terminamos retomando cierta menoresjurisprudencia constitucional, en concreto uno de los últimos Autos, donde se pronuncia sobre esos menores tan nuestros, de origen extranjero, y que aparentemente se encuentran en nuestros lares, sin familia.

 

Sala  Primera.  Auto  172/2013,  de  9  de  septiembre  de  2013.  Inadmite  a  trámite   el  recurso  de  amparo  952­2013,  promovido  por  M.S.  y  la  fundación  Raíces  en   relación  con  un  decreto  de  la  Fiscalía  Provincial  de  Madrid  por  el  que  se  fija  la   edad  de  persona  extranjera.

 

Y tal vez sea por estas fechas, monárquicamente entrañables, o porque me trajo añoranza de cómo las diferentes legislaciones y sus colaterales reformas

Foto Miriam Franco  

…han podido-querido, afrontar la esquiva institución.

 

Nos referimos, a esa figura tan, permítannos por favor el término, entre romántica e idealista, que hemos acuñado con el palabro menores no acompañados.

 

En acertadísimas palabras de Olga Hernandez de Paz, el menor extranjero no acompañado ha sido y es el colectivo migrante que más ha sufrido las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico, aunque muy especialmente el que más ha padecido de nuestro sistema burocrático-administrativo.

 

Y simplemente, no se puede tener, más razón. Recordemos someramente, de qué venimos hablando.

 

Consideramos, al extranjero (presumiblemente) menor de 18 años que se encuentra (más que posiblemente en situación irregular) en nuestra (¿magníficas?) tierras.

 

Pese a que la LOEX, en su artículo 35, le otorga un minucioso procedimiento donde, de nuevo, están todos los actores posibles implicados y alguno que otro más. Administración Central, Comunidades Autónomas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Ministerio Fiscal, Representación Diplomática del país del menor, servicios de protección de menores, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, juzgados competentes, e incluso el propio menor interesado, no se me enfade nadie si se me olvida algún otro.

 

La situación prevalece por el simple hecho consumado. Déjennos esbozar la caricatura.

-Aquí hay un menor sin papeles, y dice que sus padres no están en España

-Bueno tampoco es tan menor..

- que lo es

-Pues a ver que podemos hacer con él, porque aquí hay un menor sin papeles, y dice que sus padres no están en España.

 

El punto de inflexión, como podemos auspiciar, es determinar la autentica edad del interesado.

 

Menor > 18 años. Pues eso, no es tan menor, de manera que se le trata como cualquier otro extranjero irregular ¿problema solucionado?

Menor < 18 años. ¿Y ahora qué hacemos con él? A seguir el procedimiento establecido legal y reglamentariamente, tutelas, residencia, protección del menor, etc.

 

Podemos imaginar que el extranjero tratará, en la mayoría de ocasiones de indicar que no ha cumplido los 18 años. En alguna oportunidad uno puede incluso sorprenderse al ver el generoso desarrollo físico que ofrece, un presunto menor.

Podemos ¿imaginar? que algunas de las partes públicas implicada, tratará de ratificar, que el extranjero es mayorcito, y por ende al referido artículo 53, simplemente no se le aplica.

 

En este sentido se pronuncian los 12 Hombres Fuertes, en el Auto.

Considera que no existe vulneración del derecho a la igualdad, ni se actúa contra el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, cuando en el caso propuesto, un extranjero, que documentalmente no llegaba a los 17 años, resultó según las pruebas médicas forenses que se le practicaron, ser algo más que un mozalbete.

 

Todo ello de nuevo, sirva para recapacitar, que el menor no acompañado, no deja de ser algo que aun previsto y relativamente frecuente, no termina de hilvanar un procedimiento más lógico y coherente, y por ello, simplemente más justo.

 

Tampoco parece que podamos establecer en estos supuesto una línea fronteriza tan rígida, de días, o incluso horas, que pueda determinar, menor para el artículo 35 LOEX, mayor, creo que sabes lo que va tocando.

 

¿Convencido? de que nuestras Administraciones, tantas y todas, darán una propuesta de solución factible, seguí conversando con mi colega, tintineando con la cucharilla sobre la taza de café.

 

Afuera, hacía frío.

Entonces me pregunté si realmente

 

A veces, mas vale estar sólo que menor no acompañado.

 

By Fco. Franco Pantoja MMXIII

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Inmigración, Novedades

Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Sus efectos colaterales sobre personas extranjeras.

Viernes, 13 de diciembre de 2013

Mucho se está hablando estos días sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pero no tanto de los efectos específicos que puede tener sobre los extranjeros.

Como viene siendo habitual, se aprovecha esta reforma para dar una nueva vuelta de tuerca respecto a la persecución legal de las personas extranjeras en situación irregular, como veremos a continuación.

En la actualidad, las infracciones a esta legislación pueden tener, además de las infracciones reguladas en la Ley, consecuencias adicionales para las personas extranjeras, pues la Ley de Extranjería (L.O. 4/2000)  también contempla posibles consecuencias por la realización de dichas conductas: Leer más…

Inmigración

Cónyuges extranjeros de españoles que residen en España: importante recomendación del Defensor del Pueblo

Jueves, 10 de octubre de 2013

Como comentábamos en un post anterior, la reforma del Real Decreto 240/2007 (concretada por la Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio) supuso una profunda modificación (a peor) del régimen de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares en España.

Una de las consecuencias es la posibilidad de que, tanto los ciudadanos comunitarios como sus familiares se encuentren en situación irregular en España si no acreditan los requisitos  que se exigen para la residencia superior a tres meses.

Dicha reforma afectó también a los extranjeros extracomunitarios familiares de ciudadanos españoles, a quienes también les es de aplicación el mencionado Real Decreto y que, a pesar de su condición, podrían quedar en España en una situación de irregularidad, sin derecho de residencia ni de trabajo.

Debe recordarse, sin embargo, que el hecho de que a los cónyuges de español se les aplique la misma normativa que a los familiares de ciudadanos de otros Estados de la UE es una decisión del legislador español a la que no viene obligado por la normativa comunitaria, pues la Directiva 2004/38/CE establece que

1. La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia”.

Por tanto, los ciudadanos de la UE que residen en el Estado miembro del que son nacionales (como sería el caso de los cónyuges de español que residen en España) no se benefician normalmente de los derechos concedidos por el Derecho comunitario en materia de libre circulación de personas, y sus familiares de terceros países están sujetos a las normas nacionales de inmigración.

Es decir, que cada Estado puede regular estas situaciones sin estar obligados a equipararlas a aquellas a las que sí se debe aplicar la Directiva.

Y a la hora de regular estas situaciones se deberán tener en cuenta los principios esenciales del ordenamiento, incluyendo los derechos fundamentales.

Por ello, la Sentencia de 28 de junio de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de San Sebastian Nº 191/2013, estableció lo siguiente ante una denegación de residencia a un cónyuge  en estos casos:

 “(…) de suerte que se crearía una categoría de españoles ilícitamente discriminados por la circunstancia de que sus esposos/esposas no puedan residir legalmente en el Reino de España, mediante la introducción de restricciones como la que nos ocupa, de orden económicos (ingresos y seguro de enfermedad), sin perjuicio del sarcasmo que ofrece la realidad social de la crisis financiera y económica que asola el Reino de España”.

Y por su parte, el Defensor del Pueblo, recientemente, ha emitido una importante recomendación a la Secretaría General de Inmigración y Emigración en la que considera que

Se ha producido pues una diferencia de trato en categorías de personas, (cónyuges de ciudadanos españoles) en situaciones subjetivas equiparables (matrimonio civil inscrito en el Registro Civil),

La distinción normativa relativa a la exigencia de medios económicos y acreditación de seguro médico a fin de disfrutar del derecho de residencia en nuestro territorio resulta una distinción infundada y discriminatoria, puesto que dicha diferencia de trato no ha sido objeto de una justificación objetiva y razonable, ni persigue una finalidad constitucionalmente legítima, ni es proporcional atendiendo a la debida ponderación de los bienes, derechos y valores en juego.

Considera, por tanto, que la equiparación de los cónyuges de español a la de los cónyuges de ciudadanos de otro Estado de la UE estaría vulnerando tanto el derecho a la vida en familia del artículo 8 de Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, como el artículo 14 de la Constitución Española, por cuanto se estaría discriminando a los españoles casados con cónyuges extracomunitarios respecto a aquellos casados con cónyuge español o comunitario.

Por ello, recomienda

“Impartir las instrucciones oportunas a fin de eliminar de los requisitos para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión la exigencia de recursos económicos suficientes y de seguro de enfermedad a los cónyuges de ciudadanos españoles, residentes en España, cuyo matrimonio civil se encuentre inscrito en el Registro Civil español”.”

Estamos expectantes ante la respuesta de la Administración a esta recomendación que resolvería la situación complicada que viven muchos matrimonios de cónyuge español y extranjero. A día de hoy no ha habido modificación alguna lo que, teniendo en cuenta que la recomendación se formuló el mes de julio, no es un buen indicador.

Javier Sánchez Ribas

Novedades

Ley de emprendedores y su aplicación a los extranjeros.

Martes, 17 de septiembre de 2013

Siempre me llamó la atención las dificultades que se han puesto en la legislación de extranjería para que las personas residentes de origen extranjero desarrollen una actividad por cuenta propia.

Puedo entender la motivación que existe detrás de las limitaciones al trabajo por cuenta ajena pues, a fin de cuentas, se trata de favorecer al autóctono o al residente legal. Puedo entender, también, que se controle el acceso a la residencia y trabajo por cuenta propia de quien no tiene residencia legal en España.

Pero no consigo comprender por qué se dificulta el acceso al trabajo autónomo del residente que ya tiene una autorización por cuenta ajena o incluso que no tiene autorización para trabajar. ¿A quien y en qué perjudica que estas personas comiencen una actividad económica que supone una cotización a la Seguridad Social y una inversión, por pequeña que esta sea? Aquí no se trataría de “competir” por un empleo, sino, al contrario, de generar actividad y empleo.

El eufemismo de “emprendedores” se utiliza muchas veces para disfrazar la situación de personas que se han visto forzadas a trabajar como autónomos por diversas circunstancias, y que desde luego no es sinónimo de trabajador por cuenta propia (menos aún desde que existe la figura del trabajador autónomo dependiente)

Pero este concepto sí que es aplicable a muchas personas extranjeras que, por el mero hecho de haberse trasladado de residencia demuestran un espíritu emprendedor y una capacidad de iniciativa que debería potenciarse, en lugar de ponerle barreras.

Máxime en la situación actual, en la que esa podría ser una forma de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida de muchos extranjeros que no han conseguido trabajar por cuenta ajena el mínimo necesario para renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo, con la consiguiente baja en Seguridad Social y el recurso a prestaciones o subsidios.

Por eso, esperaba con interés el Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para ver si se recogía alguna novedad en este sentido

Pero tras un primer vistazo, me bastó para ver que las prioridades del legislador no iban en este sentido.

Por el contrario, el proyecto de ley no se esfuerza en disimular (en 16 de los 73 artículos de este proyecto, recogidos  en la sección “Movilidad internacional”) cual es el tipo de “emprendedor” al que se dirige cuando se refiere a personas extranjeras y que engloba en las siguiente categorías:

 a)     Inversores, considerando por tal las siguientes situaciones:

  1. Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
  2. La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante.
  3. Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general

b) Profesionales altamente cualificados (Personal directivo o altamente cualificado ó Graduados, postgraduados de universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio)

 c) Traslado intraempresarial

  1. La existencia de una actividad empresarial real y, en su caso, la del grupo empresarial.
  2. Titulación superior o equivalente o, en su caso, experiencia mínima profesional de tres años.
  3. La existencia de una relación laboral o profesional, previa y continuada, de tres meses con una o varias de las empresas del grupo.
  4. Documentación de la empresa que acredite el traslado.

 d) Emprendedores y actividad empresarial

El apartado más breve de esta sección es el que específicamente se refiere específicamente a “emprendedores”, pero las únicas “novedades” que se incorporan son que la autorización de residencia para actividad empresarial tendrá validez en todo el territorio nacional (lo que ya ocurre en la actualidad) y que  se tendrá en cuenta especialmente y con carácter prioritario la creación de puestos de trabajo en España (lo que también sucede en la actualidad).

Así que ya vemos cómo entiende el legislador el concepto de “emprendedor” cuando la persona es extranjera. Más bien tiene que ver con el volumen de su cartera que con su espíritu emprendedor. Parece que, parodiando la película, este “no es país para emprendedores”. Al menos para emprendedores poco solventes.

 

Javier Sánchez Ribas

Novedades

Nacionalidad tramitada por Registradores: avances y daños colaterales

Lunes, 8 de julio de 2013

Como ya contamos en un anterior post,la respuesta al insoportable atasco de expedientes de nacionalidad española por parte del Ministerio de Justicia fue recurrir al cuerpo de Registradores de la Propiedad para que contribuyeran a tramitar dichos expedientes.

Justo es reconocer que dicha medida ha tenido un innegable efecto positivo (la resolución de cientos de miles de expedientes en breve plazo de tiempo), pero ha producido dos efectos colaterales, uno que era previsible pero el otro no tanto.

En primer lugar, el aluvión de resoluciones concediendo la nacionalidad  dio lugar a que el atasco se trasladara al trámite de jura o promesa, imprescindible para finalizar el trámite y sin el cual la resolución concediendo la nacionalidad no tiene ningún efecto.

Dado el éxito de la anterior iniciativa, se localizó otro colectivo más o menos “ocioso” en la actualidad (consecuencias del parón inmobiliario) para que asumiera competencias en este trámite, que resultó ser el de los notarios. Así, ahora se puede realizar este trámite ante notario, de forma (por ahora) gratuita, lo que esperamos que redunde en la posibilidad de realizar este trámite dentro de los plazos legales para ello (180 días).

El problema es que para que la nacionalidad produzca plenos efectos queda un último trámite, como es la inscripción en el Registro Civil. Y mucho me temo que nos podríamos encontrar con que el atasco se traslada a dicho procedimiento, que ya en la actualidad, y dependiendo del Registro Civil puede tardar hasta un año.

Aunque seguro que todavía podrá encontrarse algún otro colectivo con poco trabajo que puede agilizar este trámite.

La otra consecuencia (esta negativa) ha sido que el número de solicitudes denegadas se ha visto espectacular e  inexplicablemente incrementado a raíz de la encomienda de gestión  a los Registradores.

En la web registradores.org exponen con orgullo dicho incremento, afirmando que

“como consecuencia del rigor en la tramitación por parte de los Registradores, el porcentaje de propuestas de denegación de la nacionalidad se ha multiplicado por cinco en relación con la gestión anterior”

Parece que, en opinión de los Registradores, el Ministerio de Justicia no era suficientemente riguroso en la tramitación de estos expedientes. Resulta curioso que un cuerpo absolutamente ajeno a esta materia acabe en pocos meses dando lecciones sobre la misma.

Algunas experiencias, sin embargo, nos hacen poner en duda dicho rigor y seriedad, como la denegación de varias solicitudes de nacionalidad de refugiados, cuya fundamentación era, precisamente, “por ser refugiados”.

Si ese es el ejemplo del “rigor en la tramitación” nos explicamos mejor los resultados que nos estamos encontrando.

Una lástima para las “víctimas” de este supuesto rigor, que tras años de espera ahora se ven abocados a reiniciar su solicitud, o acudir a la vía judicial para impugnar dichas decisiones (en caso que puedan pagar las correspondientes tasas, claro está).

Javier Sanchez Ribas

 

Nacionalidad, Novedades

Reformator

Viernes, 28 de junio de 2013

Se abre el telón, y aparece un nuevo Gobierno que propone mayor coordinación entre todos los actores implicados. ¿Cómo se llama la película?

Todos, ahora, al unísono

-¡Hay que modificar la Ley de Extranjería!

reformator

No por predeciblemente previsible deja de causar una nimia sonrisa. El (no tan nuevo) Ejecutivo propone una (nueva) modificación de la Ley Orgánica. Tal vez sería buena idea desarrolla una App para saber cuántas van ya, con un somero resumen de lo que se pretendía hacer con cada una de ellas. Todo al alcance de nuestro Smartphone.

Cierto es que la reforma de 2009, recogía esas aspiraciones tan nuestras, por centrífugas, claro; donde las CCAA aspiraban a decir algo (con criterio) en la política migratoria

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Inmigración, Novedades