¿Cerremos los CIES? Posibles contras de esta medida.

Martes, 23 de junio de 2015

En los últimos día hemos asistido a una intensificación de la campaña. Con motivo de las campañas que se vienen realizando solicitando el cierre de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros), creo que sería conveniente reflexionar sobre el carácter de dichos centros y las consecuencias que podría tener su cierre, pues creo que dicha medida podría tener consecuencias no deseadas que perjudicasen a los extranjeros sujetos a procedimientos de expulsión.

No pretendo con estas líneas restar importancia al hecho de permanecer hasta 60 días privado de libertad, pues aunque se les llame centros de internamiento, se diga que no tienen carácter penitenciario y en ocasiones se les pinte  de alegres colores, la realidad es que los CIES tienen un inquietante parecido con un centro penitenciario, por mucho que, en un eufemismo digno de Orwell, se afirme que los internos tan sólo tienen “limitaciones a  su libertad ambulatoria” (art. 62 bis de la L.O. 4/2000).

 Marco legal.

El internamiento de extranjeros se regula en la Directiva 2008/115/CE  relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

En nuestro derecho interno, el internamiento previsto en dicha Directiva se regula en el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

En relación con este Real Decreto, se dictó la Circular 6/2014 de la Dirección General de Policía.

En primer lugar, hay que recordar que la Directiva permite el internamiento por un plazo de hasta seis meses, pudiendo prorrogarse el mismo otros 12 meses. Plazo obviamente desproporcionado y que ha hecho que a esta Directiva se la conozca, merecidamente, como “Directiva de la vergüenza”.

El legislador español, no obstante, estableció un límite máximo al internamiento de 60 días que, no siendo baladí, es bastante más razonable.

Además, el internamiento sólo puede ser decretado por la autoridad judicial. Ya en este trámite se deniegan muchas de las solicitudes de internamiento. El control judicial también permite solicitar la salida del CIE cuando consta que no se puede ejecutar la expulsión

Asimismo, el Juez de control podrá visitar los CIEs cuando lo considere necesario o a consecuencia de las quejas formuladas por los internos.

Es importante señala que, de las personas internadas, se estima que no se ejecuta la expulsión ni en el 50% de los casos y la estancia media en los CIEs viene a ser de unos 20 días.

Se reconoce, asimismo, el derecho de los internos a la asistencia social y jurídica y el derecho a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes.

Por otro lado, las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes o dedicadas al asesoramiento y ayuda a solicitantes de protección internacional y los organismos internacionales de semejante naturaleza podrán ser autorizados por el director para visitar los centros de internamiento y entrevistarse con los internos.

Desde el punto de vista de la defensa, el internamiento permite disponer de un plazo para coordinar la defensa, contactar con el abogado que haya podido tener el interno y recabar documentación que apoye un recurso judicial, la adopción de una medida cautelar urgente o una solicitud de puesta en libertad por acreditarse la imposibilidad de que se ejecute la expulsión.

Garantías, todas ellas, que según mi experiencia, han contribuído a que las condiciones de los internos en los CIEs sean algo mejores en los últimos años, aunque sin duda queda mucho márgen de mejora.

Las expulsiones “express” como alternativa al internamiento en CIE.

Pero el principal elemento que me hace dudar sobre los efectos de un posible cierre de los CIES es el hecho de sólo dejaría como alternativa la expulsión de los extranjeros por el procedimiento que se conoce popularmente como “expulsión express”.

Recordemos que, según establece el art. 64 de la L.O. 4/2000, un extranjero contra el que exista una orden de expulsión puede ser detenido hasta 72 horas para ejecutar una expulsión ya decretada. En este caso, no es necesario control judicial alguno, aunque, obviamente, siempre cabe el recurso a solicitar una medida cautelar urgente que suspenda la ejecución de la expulsión.

Pero en estos casos, la brevedad de los plazos provoca enormes dificultades para la defensa, ya que hay ocasiones en que la expulsión se ejecuta, literalmente, en cuestión de horas. Si, además, estamos en un festivo o fin de semana resulta casi imposible contactar con el letrado que haya podido asistir al extranjero tras la incoación del expediente sancionador o con los familiares o amigos a efectos de que puedan aportar elementos o documentos de utilidad para la defensa

Al parecer, nuestras autoridades han sido conscientes de la “efectividad” de recurrir a este procedimiento en conexión con la organización de lo que conocen como “vuelos macro”, y hemos podido asistir en los últimos meses a un incremento nunca visto de las expulsiones mediante este procedimiento, que ha llevado a expulsar a personas que, probablemente, nunca lo hubieran sido si se hubiera recurrido al internamiento en un CIE.

En mi opinión, pues, si se solicita el cierre de los CIEs, debería solicitarse simultáneamente un cambio normativo que evite estas situaciones de indefensión.

 

Javier Sánchez Ribas.

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INMIGRACION LEGAL Y ORDENADA DESDE AFRICA. ¿ES POSIBLE?

Lunes, 18 de mayo de 2015

Prueben a introducir en google las palabras “inmigración legal y ordenada” y verán que éste ha sido uno de los mantras clásicos a los que han recurrido los representantes políticos (en este y en otro países) en materia de inmigración, y muy especialmente cada que vez que se produce una crisis migratoria como la que está teniendo lugar en estas fechas en el Mediterráneo.

La cuestión, entonces, es: ¿porqué esta gente se juega la salud y la vida si pueden llegar por otras vías “legales y ordenadas”?

La respuesta, en primer lugar, debe diferenciar entre dos realidades bien diferentes que se mezclan en los flujos de personas que llegan de Africa.

En primer, lugar, hay que recordar (especialmente a los medios de comunicación) que muchas de estas personas no son migrantes económicos, sino que son refugiados. Son personas que huyen de persecución en sus lugares de origen y a los que, por definición, no se les puede exigir que cumplan las normas. Son personas que en muchas ocasiones tienen que huir, literalmente, con lo puesto, y que no tienen forma legal de acceder al territorio de la Unión Europea.

En el caso español, resulta especialmente hiriente que se pretenda que esta personas puedan llegar a España a través de un procedimiento, legal pues en la reforma de la Ley de Asilo de 2009 se eliminó la posibilidad de solicitar asilo en los Consulados españoles. Así, en la actualidad la única forma factible de obtener asilo en España para los refugiados africanos es mediante las organizaciones de tráfico de personas, que se convierten, paradójicamente, en un agente esencial de protección internacional.

La nueva regulación del rechazo en frontera, que legaliza las llamadas “devoluciones en caliente” y las preocupantes declaraciones del Ministro del Interior, diciendo que las personas que entran en Ceuta y Melilla saltando la valla no tienen derecho a solicitar asilo, no hacen sino estrechar aun más las posibilidades de que un refugiado vea reconocido por España un derecho recogido en instrumentos legales nacionales e internacionales (Convención de Ginebra de 1951, art. 13.4 de la Constitución, art. 14 de la Declaración Univeral de los Derechos Humanos y Directiva 2011/95/UE).

En cuanto a los inmigrantes económicos, la situación no es muy diferente, ya que, para poder entrar a España un africano medio tendría dos vías principales:

a) La contratación en origen. Esto es, lo que antes se conoce como el contingente o “los cupos” de extranjeros contratados en origen. En la actualidad, esta vía está cerrada, pues desde 2008 los puestos ofertados son simbólicos, a consecuencia de la crisis económica. Tampoco es que, cuando funcionaba, fuera un ejemplo de gestión de flujos migratorios, pues hubo años que ni siquiera se cubrían los escasos visados ofertados. Pero es que, además, las escasas plazas que en su día se ofertaban a través de este procedimiento iban dirigidas a países con los que España tiene suscritos convenios migratorios. Y en el caso africano, sólo se han firmado convenios con Marruecos y Mauritania.

b) El procedimiento ordinario de autorización de residencia y trabajo. Procedimiento que consiste, básicamente, en que un empleador en España formule un contrato de trabajo y solicite en tu nombre la autorización de residencia y trabajo. La cuestión en este caso es ¿cómo puede un nigeriano (o etíope, argelino, mauritano…), conseguir que un empleador en España le formule un contrato y esté dispuesto a realizar el correspondiente trámite burocrático?

Pero incluso si, por una extraordinaria conjunción de factores favorables, un africano consiguiera dicho contrato, se encontraría con que, para que la solicitud de autorización de residencia y trabajo fuera concedida, tendría que pasar el filtro de la situación nacional de empleo. Es decir, que el puesto ofertado tendría que estar entre los contemplados en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, (a modo de ejemplo, para el mes de Mayo de 2015 en dicho catálogo, para la provincia de Madrid sólo se incluyen ocupaciones relacionadas con la marina, deportistas profesionales o entrenadores profesionales) o tendría que conseguirse un certificado de los servicios de empleo que acredite que no existen demandantes de empleo en su provincia para el puesto ofertado. Algo que, a día de hoy, como es fácil de entender, resulta prácticamente imposible.

En resumen, podríamos decir que las posibilidades para un migrante africano de poder acceder a España de forma “legal y ordenada” son, en la práctica, casi inexistentes.

Así que la próxima vez que un alto cargo manifieste su deseo de que la inmigración proveniente de Africa sea “legal y ordenada” le agradeceríamos que nos explicara las reformas legales que piensa proponer para que esto sea posible.

 

Javier Sánchez Ribas.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que no se puede sancionar con multa a los inmigrantes en situación irregular.

Sábado, 25 de abril de 2015

En los últimos días se ha dado bastante difusión a una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2015), según la cual la legislación española sería contraria a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que en su artículo 6.1 establece que

“Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5”.

Concluye en este caso el Tribunal que

“La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en particular sus artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1, en relación con su artículo 4, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado, impone, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí”.

Sin duda, una decisión que puede tener un importante alcance, pues podría llegar a obligar a modificar la legislación de extranjería en este tan importante aspecto.

Pero en este caso, lo que más me ha chocado al conocer esta sentencia ha sido que hace  poco más de dos años este mismo Tribunal, en sentencia de 6 de Diciembre de 2012 (en esta ocasión la Sala Primera) concluía que

“La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que: no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que sanciona la situación irregular de nacionales de países terceros con una pena de multa que puede ser sustituida por una pena de expulsión”.

Parecería, pues, que lo que el Tribunal entiende incompatible con la Directiva es el hecho de que en la norma española la expulsión y la multa son sanciones excluyentes entre sí, lo que no ocurría con la legislación italiana sobre la que se sentenció en 2012. Además, en el caso de la legislación italiana la multa no era una sanción administrativa sino un sanción penal, lo que también es una importante diferencia.

En cualquier caso, una importante novedad que antes o después va a obligar a nuestro legislador a adaptar la legislación de extranjería a esta doctrina y con importantes y negativo efectos sobre los extranjeros en situación irregular en nuestro país.

Estaremos atentos a las consecuencias.

Javier Sánchez Ribas.

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RESIDENCIA PERMANENTE EN REGIMEN COMUNITARIO. NUEVAS RESTRICCIONES AL DERECHO DE RESIDENCIA DE CIUDADANOS DE LA UE Y DE SUS FAMILIARES.

Martes, 17 de marzo de 2015

Profundizando en su política de “más Europa y menos europeos”, España se suma a la tendencia imperante en los grandes países de la UE endureciendo los requisitos tanto para la obtención como para la conservación de la residencia legal en España de los ciudadanos de la UE y de sus familiares.

En primer lugar, debemos expresar nuestra tristeza por el tremendo impacto que la crisis está teniendo sobre uno de los pilares del proyecto europeo, como es la libre circulación de personas dentro de sus fronteras.

Esta vez, además, no se trata de ninguna modificación legal, sino de una reinterpretación de los criterios que deben ser tenidos en cuenta para la concesión de la residencia de larga duración en régimen comunitario tanto para los ciudadanos comunitarios como para sus familiares

En resumen, ahora para obtener la residencia permanente en el régimen comunitario, no sólo se exigirá que se cumplan los mismos requisitos que para la concesión inicial (estar trabajando o tener medios de vida propios), sino que se exige que se hayan reunido estas condiciones durante los cinco años de residencia.

Según se expone en la web informativa de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dicho cambio de criterio se debe a la aplicación de la Sentencia TJUE de 21 de diciembre de 2011 (caso Zikolwsky/ Seja)  y a la interpretación que en esta se hace de la Directiva 2004/38

Sin duda, esta sentencia requeriría un estudio a fondo, cosa para la que en este blog carecemos de espacio, pero sí hay que remarcar que la propia sentencia recuerda que la Directiva 2004/38 establece, en el artículo  37, que sus disposiciones no afectarán a las disposiciones nacionales más favorables.

Y la disposición nacional que traspone dicha Directiva al ordenamiento español es el Real Decreto 240/2007, que en su artículo 10 establece que el derecho a la residencia permanente de los ciudadanos de la UE se concederá a quienes hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años, especificando que ”Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto”.

Es decir, que el propio R. D. 240/2007 establece, sin lugar a dudas,  que para obtener la residencia permanente no pueden exigirse los requisitos que se exigen para obtener inicialmente el derecho de residencia en régimen comunitario.

Se nos plantean, pues, serias dudas sobre la legalidad de la aplicación de estos criterios sin que previamente se haya reformado el R.D. 240/2007 y que sin duda darán lugar a sentencias sobre el tema en un futuro próximo.

Pero es que, además, la aplicación de estos criterios dejan muchas situaciones sin resolver como las siguientes:

¿Qué pasará si se deniega la residencia permanente en régimen comunitario? ¿Se renovará la residencia temporalmente o directamente se dejará al interesado sin derecho de residencia en España?

Por otra parte, la  residencia durante esos cinco años se debe entender como residencia legal, ya que no se ha incurrido en causa de extinción de la misma ni hay resolución administrativa que extinga el derecho de residencia.
¿Cabría entonces solicitar la autorización de residencia de larga duración en el régimen general de extranjería en aplicación del art. 1.3 de la Ley de Extranjería? Recordemos que este artículo establece que
“los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.” Y este sería,  indudablemente, un supuesto en el que la aplicación de la legislación de extranjería resultaría más favorable que la comunitaria.

Esperamos que los tribunales vayan poniendo límites en el futuro a esta cuestionable aplicación de la normativa comunitaria, pero mientras tanto me temo que deberemos acostumbrarnos al triste espectáculo de ver a ciudadanos de la UE que, tras cinco años de residencia legal quedan privados de su derecho de residencia en España.

Javier Sánchez Ribas.

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¿SE PUEDE REVOCAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA?

Jueves, 26 de febrero de 2015

Esta semana hemos conocido una noticia un tanto chocante. Se trata del anuncio de que la Delegación del Gobierno en Madrid, entre una serie de medidas destinadas a luchas contra los integrantes de las llamadas bandas latinas se plantea decretar la retirada de la autorización de residencia en España y la expulsión de sus titulares, así como la revocación de la nacionalidad española, lo cual se tramitaría mediante un expediente de declaración de lesividad.

No nos ha sorprendido lo relativo a las autorizaciones de residencia, pues existen supuestos legales para decretar la expulsión de un extranjero residente, y nada tenemos que objetar siempre que se siga el procedimiento establecido.

Pero sí nos ha llamado poderosamente la atención la mención a la “revocación de la nacionalidad española” y al procedimiento que se pretende utilizar para ello, que nos parece de muy dudosa aplicación en estos supuestos por lo que exponemos a continuación.

 ¿En que consiste la declaración de lesividad?

El art. 103 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre establece que

 

1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Por su parte, el art. 63 de la Ley 30/1992 establece que

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Parece evidente, pues, que para poder “revocar” la nacionalidad española por esta vía haría falta

a) Que en el acto administrativo se haya producido alguna circunstancia de las recogidas en el artículo 63 de la Ley 30/1992

b) Que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la concesión de la nacionalidad española.

c) Que, una vez producida la declaración de lesividad, se impugnara ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Parece claro, que la mera pertenencia a una de estas bandas no es, per se, supuesto suficiente para considerar nula la concesión de la nacionalidad española.

Asimismo, parece claro que la Delegación del Gobierno en Madrid no sería competente para iniciar este procedimiento, al tratarse la concesión de la nacionalidad de un acto de la Administración de Justicia, que sería la competente para ello.

Nos parece, pues, que la vía de la “revocación” de la nacionalidad española como herramienta de lucha contra las bandas latinas va  tener muy poca operatividad.

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RESIDENCIA COMUNITARIA DE CONYUGES DE ESPAÑOLES. El TSJ de Galicia reafirma que no se deben exigir medios de vida.

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

Volvemos sobre el tema de la residencia de cónyuges de ciudadano español, por ser un tema que tanta controversia está generando y en el que las chapuceras soluciones que se le están dando darán que hablar mientras no se regule de forma adecuada.

Como decíamos en un anterior post, cada vez son más las sentencias de juzgados contencioso-administrativos que consideran que no debe ser exigible la acreditación de medios de vida cuando se solicita una autorización de residencia en régimen comunitario como cónyuge de español. Criterio que también apoyaba el Defensor del Pueblo, en una recomendación que ha sido ignorada de forma generalizada.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado sentencia el 10 de Diciembre de 2014 (Sentencia 00723/2014) en la que se adhiere a lo que parece que es el criterio cada vez más extendido cuando se trata de solicitudes de residencia en régimen comunitario para cónyuges de españoles.

Se establece en esta sentencia que en estos casos es de aplicación el artículo 8 del Real Decreto 240/2007, y se añade que

“Parece obvio que si la ciudadana residente en España, con la que el actor trata de reunirse, ostenta la nacionalidad española, carece de sentido que aquella tenga que acreditar su solvencia económica. Por la misma razón esta exigencia cesa en relación a la persona, en este caso el actor que, unido por vínculo matrimonial –familiar directo-

(artículo 2.b del Reglamento) –circunstancia que en modo alguno se discute-, trata de reunirse y convivir con ella en España, habiendo adjuntado además la documentación requerida por el apartado 3 del expresado artículo 8”.

 

Es decir, que según el TSJ de Galicia, no puede exigirse la acreditación de medios de vida ni al cónyuge español ni al extracomunitario para obtener la autorización de residencia en régimen comunitario.

El que un Tribunal Superior de Justicia se pronuncie en el mismo sentido, y de una forma tan taxativa, nos hace concebir esperanzas de que finalmente este sea el criterio que se imponga y que termine con el sufrimiento que se está causando a tantas familias.

Mientras tanto, no quedará más que recurrir a los tribunales, que parece que en este aspecto tienen las ideas más claras que la Administración.

 Javier Sánchez Ribas.

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La residencia de cónyuges de españoles cuando el matromonio no está inscrito en el Registro Civil español: interpretación creativa de la Ley (DA 23ª Reglamento de Extranjería)

Jueves, 25 de septiembre de 2014

Javier Sánchez Ribas

Como es bien sabido, el hecho de ser cónyuge de un ciudadano español es uno de los supuestos contemplado en el Real Decreto 240/2007 y que da derecho a obtener la residencia en régimen comunitario.

Tras la reforma de este Real Decreto,  se estableció que, para residir en España por un período superior a tres meses, además de la relación familiar, el familiar español debe cumplir ciertos requisitos (trabajar por cuenta propia o ajena, tener medios de vida o ser estudiante). Si no se encuentra en alguna de estas situaciones, el cónyuge extracomunitario se queda en un auténtico limbo jurídico, excluido del derecho al trabajo y a la asistencia sanitaria.

Pero existe una situación  especialmente sangrante, que es aquella en que el matrimonio se ha celebrado en el extranjero y no está todavía inscrito en el Registro Civil español.

Tradicionalmente, en estos casos directamente se denegaba al cónyuge extracomunitario la posibilidad de obtener la residencia en régimen comunitario hasta que el matrimonio estuviera inscrito en el Registro Civil español. Una interpretación, en nuestra opinión, excesivamente restrictiva por dificultar de forma injustificada la libertad de circulación de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares.

Pero durante los últimos años esta situación se ha ido haciendo cada vez más grave, ya que el trámite de inscripción en el Registro Civil español se ha ido haciendo cada vez más largo, llegando a tardar hasta tres años en la actualidad.

Situación que exigía una solución por parte de la Administración, y que en nuestra opinión hubiera debido ser la de autorizar la residencia en régimen comunitario con sólo acreditar que se ha instado la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español.

Pero la solución que se está comenzando a dar a esta situación en algunas Oficinas de Extranjería es bastante menos generosa y basada en una interpretación forzada de la Disposición Adicional 23ª del Real Decreto 557/2011 (Reglamento de Extranjería), que establece que

Las autoridades competentes facilitarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el presente Reglamento, la obtención del visado de residencia o, en su caso, de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, a quien sin estar incluido en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acompañe a un ciudadano de la Unión o se reúna con él, y se halle en una de las siguientes circunstancias:

 a) Sea otro familiar, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o cuando por motivos graves de salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que dicho ciudadano se haga cargo de su cuidado personal.

b) Sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro de la Unión Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable debidamente probada.

Pues bien, desde hace un tiempo vemos como algunas Oficinas de Extranjería están concediendo al cónyuge no comunitario en trámite de inscripción de su matrimonio autorización de residencia por circunstancias excepcionales al amparo de esta D.A. 23ª.

Interpretación, como vemos, absolutamente forzada ya que es evidente que esta disposición sólo es aplicable a aquellos familiares no  incluidos en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, lo que obviamente no es el caso que estamos tratando.

Por otra parte, recordemos que esta autorización de residencia no autoriza a trabajar, con lo que es una solución muy parcial a estas situaciones.

Pero hasta que la Administración cambie de criterio y aplique el régimen comunitario en estos casos, habrá que consolarse pensando que menos da una piedra.

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La recuperación de la residencia de larga duración

Martes, 22 de julio de 2014

En la última reforma de la L.O. 4/2000 se introdujeron algunos avances para favorecer lo que se conoce como “migración circular”. Entre dichas medidas, la que parecía más flexible era la posibilidad de recuperar la residencia de larga duración.

Hasta hace poco, esta figura era raramente aplicable, pero dada la masiva salida de extranjeros residentes (muchos de ellos con residencia de larga duración), en la actualidad es cada vez más solicitada (y previsiblemente, lo será aún más en el futuro si, como dicen, la actual crisis tiene visos de mejorar a corto plazo).

No obstante, hemos detectado que existe, sobre todo en algunos Consulados de España, una alarmante falta de conocimiento sobre este procedimiento, llegando a informarse en ocasiones que no es posible iniciarlo fuera de España.

Por ello, es importante recordar en que consiste y cómo se tramita esta recuperación según se establece en los artículos 158 y ss. del RELOEX.

¿En qué casos puede recuperarse la residencia de larga duración?

La residencia de larga duración “ordinaria” se podrá recuperar en los siguientes casos:

Cuando la autorización de residencia de larga duración se hubiera extinguido por la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.

Cuando la autorización de residencia de larga duración se hubiera extinguido por la adquisición de la residencia de larga duración-UE en otro Estado miembro.

Cuando el extranjero residente de larga duración regrese a España finalizado el periodo de su compromiso de no retorno.

La residencia de larga duración UE se podrá recuperar cuando:

Cuando la autorización de residencia de larga duración-UE se hubiera extinguido por la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.

Cuando la autorización de residencia de larga duración-UE se hubiera extinguido por la adquisición de la residencia de larga duración-UE en otro Estado miembro.

Cuando la autorización de residencia de larga duración-UE se hubiera extinguido por haber permanecido durante un periodo superior a seis años fuera del territorio español.

La única diferencia en cuanto a los requisitos es que cuando lo que se solicite es la recuperación de la residencia de larga duración, deberá acreditarse que se dispone de recursos fijos y regulares para la propia manutención y, en su caso, de la familia que estuviera a cargo.

Así, para unidades familiares que incluyan dos miembros se exigirá una cantidad que represente el 150% del IPREM (799 euros para 2014), y por cada miembro adicional de la familia se deberá sumar un 50% más (266 euros para 2014).

Para la recuperación de la residencia de larga duración “ordinaria”, en cambio, no es preciso acreditar disponer de recursos ni trabajo en España.

¿Dónde y cuando puede presentarse la solicitud?

La solicitud se puede presentar:

a)      Si se está fuera de España, ante el Consulado de España correspondiente. En este caso, la misión diplomática u oficina consular competente emitirá un visado, para cuya obtención serán exclusivos requisitos que al solicitante se le haya reconocido la recuperación de la titularidad de una autorización de residencia de larga duración y el abono de la tasa por tramitación del procedimiento de visado

b)      Si se está en España, directamente ante la Oficina de Extranjería del lugar de residencia.

n cuanto al plazo de solicitud, el RELOEX no establece ningún límite máximo para presentar las solicitudes, por lo que debe entenderse que en la actualidad no existe ningún límite temporal para presentar la solicitud.

Esperemos que en Consulados y Oficinas de Extranjería se vayan familiarizando con estos trámites que seguro que serán muy frecuentes en los próximos años.

Javier Sánchez Ribas.

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Y tú, cómo llegaste acá?

Sábado, 5 de julio de 2014

-¿Y tú cómo llegaste?

-Nada. A los compatriotas de mi país no hace falta nada para entrar en España

visa

… y por eso, tan pronto consiga un trabajo, me podré quedar acá, de manera legal.

Es curioso como va asentando al igual que una mera costumbre, la idea de que según determinados Estados, sus nacionales pueden entrar  y luego quedarse, casi libremente en nuestro suelo, mostrando un simple pasaporteLeer más…

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LA RESIDENCIA COMUNITARIA PERMANENTE: OTRA VUELTA DE TUERCA CONTRA LOS CIUDADANOS COMUNITARIOS Y SUS FAMILIARES.

Lunes, 28 de abril de 2014

En los últimos meses hemos asistido a declaraciones públicas de representantes políticos de diversos estados comunitarios en los que se plantea la necesidad de introducir medidas que limiten o restrinjan el derecho de los ciudadanos de la UE a la libre circulación dentro de la UE.

El caso español está siendo diferente pues, evitando cualquier debate, lo que se está haciendo es actuar por la vía de hechos consumados, adoptando reformas tan o más restrictivas que las que tanto debate generan en otros países.

Pero en la últimas semanas no hemos encontrado con la peor de las formas de actuación en esta materia: sin modificación de norma alguna, sin que se dicte ninguna instrucción ni orden al respecto, nos hemos encontrado con que a los ciudadanos comunitarios y a sus familiares se les ha empezado a requerir que, para obtener la residencia permanente en régimen comunitario, acrediten que reúnen las mismas condiciones que para obtener dicho derecho de residencia inicial (es decir, acreditar empleo por cuenta propia o ajena, o disponer de medios de vida o ser estudiante).

En primer lugar, hay que llamar la atención sobre la diferente forma de actuación de ciertos gobiernos, que antes de tomar medidas de este tipo abren un debate público, lo que parece lo más correcto cuando se trata de medidas que afectan a uno de los pilares de la Unión Europea: la libre circulación dentro de su territorio.

Nuestros gobernantes, por el contrario, parecen pensar que dichas medidas no merecen tal consideración y prefieren hurtar todo debate.

La medida concreta, además, nos parece abiertamente ilegal, por contravenir tanto el Derecho Comunitario como nuestra propia legislación interna de trasposición de dicha Directiva

Así, vemos que la  Directiva 2004/38/CE  establece, en su artículo 16  que

“1.Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Dicho derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III.

2. El apartado 1 será asimismo aplicable a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.”

Por su parte, el artículo 10.1 del Real Decreto 240/2007 estableció que

“Son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto.”

Como vemos, las normas excluyen expresamente que la residencia permanente esté condicionada a las circunstancias del capítulo III (que son las exigidas para el derecho de residencia “temporal” en régimen comunitario).

La norma es tan clara que resulta sorprendente que alguien haya considerado que la norma permite  exigir los requisitos de empleo, medios de vida  o estudios para acceder a la residencia permanente.

Un auténtico despropósito que esperemos que se corrija cuanto antes.

A este respecto, resulta curioso que, desde hace unas semanas, en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social donde se encuentra la información sobre trámites y requisitos en procedimientos de extranjería, los dos apartados relativos a la residencia  permanente de ciudadanos de la UE o de sus familiares se encuentren “desconectados” sin que pueda accederse a la información relativa a estos trámites.

Esperemos que se deba a que alguien esté reconsiderando dicha medida y finalmente se vuelva a la normalidad (y, lo que es más importante,  a la legalidad).

Javier Sánchez Ribas.

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