RESIDENCIA PERMANENTE EN REGIMEN COMUNITARIO. NUEVAS RESTRICCIONES AL DERECHO DE RESIDENCIA DE CIUDADANOS DE LA UE Y DE SUS FAMILIARES.

Martes, 17 de marzo de 2015

Profundizando en su política de “más Europa y menos europeos”, España se suma a la tendencia imperante en los grandes países de la UE endureciendo los requisitos tanto para la obtención como para la conservación de la residencia legal en España de los ciudadanos de la UE y de sus familiares.

En primer lugar, debemos expresar nuestra tristeza por el tremendo impacto que la crisis está teniendo sobre uno de los pilares del proyecto europeo, como es la libre circulación de personas dentro de sus fronteras.

Esta vez, además, no se trata de ninguna modificación legal, sino de una reinterpretación de los criterios que deben ser tenidos en cuenta para la concesión de la residencia de larga duración en régimen comunitario tanto para los ciudadanos comunitarios como para sus familiares

En resumen, ahora para obtener la residencia permanente en el régimen comunitario, no sólo se exigirá que se cumplan los mismos requisitos que para la concesión inicial (estar trabajando o tener medios de vida propios), sino que se exige que se hayan reunido estas condiciones durante los cinco años de residencia.

Según se expone en la web informativa de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dicho cambio de criterio se debe a la aplicación de la Sentencia TJUE de 21 de diciembre de 2011 (caso Zikolwsky/ Seja)  y a la interpretación que en esta se hace de la Directiva 2004/38

Sin duda, esta sentencia requeriría un estudio a fondo, cosa para la que en este blog carecemos de espacio, pero sí hay que remarcar que la propia sentencia recuerda que la Directiva 2004/38 establece, en el artículo  37, que sus disposiciones no afectarán a las disposiciones nacionales más favorables.

Y la disposición nacional que traspone dicha Directiva al ordenamiento español es el Real Decreto 240/2007, que en su artículo 10 establece que el derecho a la residencia permanente de los ciudadanos de la UE se concederá a quienes hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años, especificando que ”Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto”.

Es decir, que el propio R. D. 240/2007 establece, sin lugar a dudas,  que para obtener la residencia permanente no pueden exigirse los requisitos que se exigen para obtener inicialmente el derecho de residencia en régimen comunitario.

Se nos plantean, pues, serias dudas sobre la legalidad de la aplicación de estos criterios sin que previamente se haya reformado el R.D. 240/2007 y que sin duda darán lugar a sentencias sobre el tema en un futuro próximo.

Pero es que, además, la aplicación de estos criterios dejan muchas situaciones sin resolver como las siguientes:

¿Qué pasará si se deniega la residencia permanente en régimen comunitario? ¿Se renovará la residencia temporalmente o directamente se dejará al interesado sin derecho de residencia en España?

Por otra parte, la  residencia durante esos cinco años se debe entender como residencia legal, ya que no se ha incurrido en causa de extinción de la misma ni hay resolución administrativa que extinga el derecho de residencia.
¿Cabría entonces solicitar la autorización de residencia de larga duración en el régimen general de extranjería en aplicación del art. 1.3 de la Ley de Extranjería? Recordemos que este artículo establece que
“los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.” Y este sería,  indudablemente, un supuesto en el que la aplicación de la legislación de extranjería resultaría más favorable que la comunitaria.

Esperamos que los tribunales vayan poniendo límites en el futuro a esta cuestionable aplicación de la normativa comunitaria, pero mientras tanto me temo que deberemos acostumbrarnos al triste espectáculo de ver a ciudadanos de la UE que, tras cinco años de residencia legal quedan privados de su derecho de residencia en España.

Javier Sánchez Ribas.

Novedades

¿SE PUEDE REVOCAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA?

Jueves, 26 de febrero de 2015

Esta semana hemos conocido una noticia un tanto chocante. Se trata del anuncio de que la Delegación del Gobierno en Madrid, entre una serie de medidas destinadas a luchas contra los integrantes de las llamadas bandas latinas.

Entre dichas medidas estaría la retirada de la autorización de residencia en España y la expulsión de sus titulares, así como la revocación de la nacionalidad española, lo cual se tramitaría mediante un expediente de declaración de lesividad.

No nos ha sorprendido lo relativo a las autorizaciones de residencia, pues existen supuestos para decretar la expulsión de un extranjero residente, y nada tenemos que objetar siempre que se siga el procedimiento establecido.

Pero sí nos ha llamado poderosamente la atención la mención a la “revocación de la nacionalidad española” y al procedimiento que se pretende utilizar para ello, que nos parece de muy dudosa aplicación en estos supuestos por lo que exponemos a continuación.

 ¿En que consiste la declaración de lesividad?

El art. 103 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre establece que

 

1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Por su parte, el art. 63 de la Ley 30/1992 establece que

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Parece evidente, pues, que para poder “revocar” la nacionalidad española por esta vía haría falta

a) Que en el acto administrativo se haya producido alguna circunstancia de las recogidas en el artículo 63 de la Ley 30/1992

b) Que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la concesión de la nacionalidad española.

c) Que, una vez producida la declaración de lesividad, se impugnara ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, parece dudoso que la Delegación del Gobierno en Madrid no sería competente para iniciar este procedimiento, al tratarse la concesión de la nacionalidad de un acto de la Administración de Justicia, que sería la competente para iniciar este procedimiento.

Nos parece, pues, que la vía de la “revocación” de la nacionalidad española como herramienta de lucha contra las bandas latinas va  tener muy poca operatividad.

Novedades

RESIDENCIA COMUNITARIA DE CONYUGES DE ESPAÑOLES. El TSJ de Galicia reafirma que no se deben exigir medios de vida.

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

Volvemos sobre el tema de la residencia de cónyuges de ciudadano español, por ser un tema que tanta controversia está generando y en el que las chapuceras soluciones que se le están dando darán que hablar mientras no se regule de forma adecuada.

Como decíamos en un anterior post, cada vez son más las sentencias de juzgados contencioso-administrativos que consideran que no debe ser exigible la acreditación de medios de vida cuando se solicita una autorización de residencia en régimen comunitario como cónyuge de español. Criterio que también apoyaba el Defensor del Pueblo, en una recomendación que ha sido ignorada de forma generalizada.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado sentencia el 10 de Diciembre de 2014 (Sentencia 00723/2014) en la que se adhiere a lo que parece que es el criterio cada vez más extendido cuando se trata de solicitudes de residencia en régimen comunitario para cónyuges de españoles.

Se establece en esta sentencia que en estos casos es de aplicación el artículo 8 del Real Decreto 240/2007, y se añade que

“Parece obvio que si la ciudadana residente en España, con la que el actor trata de reunirse, ostenta la nacionalidad española, carece de sentido que aquella tenga que acreditar su solvencia económica. Por la misma razón esta exigencia cesa en relación a la persona, en este caso el actor que, unido por vínculo matrimonial –familiar directo-

(artículo 2.b del Reglamento) –circunstancia que en modo alguno se discute-, trata de reunirse y convivir con ella en España, habiendo adjuntado además la documentación requerida por el apartado 3 del expresado artículo 8”.

 

Es decir, que según el TSJ de Galicia, no puede exigirse la acreditación de medios de vida ni al cónyuge español ni al extracomunitario para obtener la autorización de residencia en régimen comunitario.

El que un Tribunal Superior de Justicia se pronuncie en el mismo sentido, y de una forma tan taxativa, nos hace concebir esperanzas de que finalmente este sea el criterio que se imponga y que termine con el sufrimiento que se está causando a tantas familias.

Mientras tanto, no quedará más que recurrir a los tribunales, que parece que en este aspecto tienen las ideas más claras que la Administración.

 Javier Sánchez Ribas.

Novedades

La residencia de cónyuges de españoles cuando el matromonio no está inscrito en el Registro Civil español: interpretación creativa de la Ley (DA 23ª Reglamento de Extranjería)

Jueves, 25 de septiembre de 2014

Javier Sánchez Ribas

Como es bien sabido, el hecho de ser cónyuge de un ciudadano español es uno de los supuestos contemplado en el Real Decreto 240/2007 y que da derecho a obtener la residencia en régimen comunitario.

Tras la reforma de este Real Decreto,  se estableció que, para residir en España por un período superior a tres meses, además de la relación familiar, el familiar español debe cumplir ciertos requisitos (trabajar por cuenta propia o ajena, tener medios de vida o ser estudiante). Si no se encuentra en alguna de estas situaciones, el cónyuge extracomunitario se queda en un auténtico limbo jurídico, excluido del derecho al trabajo y a la asistencia sanitaria.

Pero existe una situación  especialmente sangrante, que es aquella en que el matrimonio se ha celebrado en el extranjero y no está todavía inscrito en el Registro Civil español.

Tradicionalmente, en estos casos directamente se denegaba al cónyuge extracomunitario la posibilidad de obtener la residencia en régimen comunitario hasta que el matrimonio estuviera inscrito en el Registro Civil español. Una interpretación, en nuestra opinión, excesivamente restrictiva por dificultar de forma injustificada la libertad de circulación de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares.

Pero durante los últimos años esta situación se ha ido haciendo cada vez más grave, ya que el trámite de inscripción en el Registro Civil español se ha ido haciendo cada vez más largo, llegando a tardar hasta tres años en la actualidad.

Situación que exigía una solución por parte de la Administración, y que en nuestra opinión hubiera debido ser la de autorizar la residencia en régimen comunitario con sólo acreditar que se ha instado la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español.

Pero la solución que se está comenzando a dar a esta situación en algunas Oficinas de Extranjería es bastante menos generosa y basada en una interpretación forzada de la Disposición Adicional 23ª del Real Decreto 557/2011 (Reglamento de Extranjería), que establece que

Las autoridades competentes facilitarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el presente Reglamento, la obtención del visado de residencia o, en su caso, de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, a quien sin estar incluido en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acompañe a un ciudadano de la Unión o se reúna con él, y se halle en una de las siguientes circunstancias:

 a) Sea otro familiar, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o cuando por motivos graves de salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que dicho ciudadano se haga cargo de su cuidado personal.

b) Sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro de la Unión Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable debidamente probada.

Pues bien, desde hace un tiempo vemos como algunas Oficinas de Extranjería están concediendo al cónyuge no comunitario en trámite de inscripción de su matrimonio autorización de residencia por circunstancias excepcionales al amparo de esta D.A. 23ª.

Interpretación, como vemos, absolutamente forzada ya que es evidente que esta disposición sólo es aplicable a aquellos familiares no  incluidos en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, lo que obviamente no es el caso que estamos tratando.

Por otra parte, recordemos que esta autorización de residencia no autoriza a trabajar, con lo que es una solución muy parcial a estas situaciones.

Pero hasta que la Administración cambie de criterio y aplique el régimen comunitario en estos casos, habrá que consolarse pensando que menos da una piedra.

Novedades

La recuperación de la residencia de larga duración

Martes, 22 de julio de 2014

En la última reforma de la L.O. 4/2000 se introdujeron algunos avances para favorecer lo que se conoce como “migración circular”. Entre dichas medidas, la que parecía más flexible era la posibilidad de recuperar la residencia de larga duración.

Hasta hace poco, esta figura era raramente aplicable, pero dada la masiva salida de extranjeros residentes (muchos de ellos con residencia de larga duración), en la actualidad es cada vez más solicitada (y previsiblemente, lo será aún más en el futuro si, como dicen, la actual crisis tiene visos de mejorar a corto plazo).

No obstante, hemos detectado que existe, sobre todo en algunos Consulados de España, una alarmante falta de conocimiento sobre este procedimiento, llegando a informarse en ocasiones que no es posible iniciarlo fuera de España.

Por ello, es importante recordar en que consiste y cómo se tramita esta recuperación según se establece en los artículos 158 y ss. del RELOEX.

¿En qué casos puede recuperarse la residencia de larga duración?

La residencia de larga duración “ordinaria” se podrá recuperar en los siguientes casos:

Cuando la autorización de residencia de larga duración se hubiera extinguido por la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.

Cuando la autorización de residencia de larga duración se hubiera extinguido por la adquisición de la residencia de larga duración-UE en otro Estado miembro.

Cuando el extranjero residente de larga duración regrese a España finalizado el periodo de su compromiso de no retorno.

La residencia de larga duración UE se podrá recuperar cuando:

Cuando la autorización de residencia de larga duración-UE se hubiera extinguido por la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.

Cuando la autorización de residencia de larga duración-UE se hubiera extinguido por la adquisición de la residencia de larga duración-UE en otro Estado miembro.

Cuando la autorización de residencia de larga duración-UE se hubiera extinguido por haber permanecido durante un periodo superior a seis años fuera del territorio español.

La única diferencia en cuanto a los requisitos es que cuando lo que se solicite es la recuperación de la residencia de larga duración, deberá acreditarse que se dispone de recursos fijos y regulares para la propia manutención y, en su caso, de la familia que estuviera a cargo.

Así, para unidades familiares que incluyan dos miembros se exigirá una cantidad que represente el 150% del IPREM (799 euros para 2014), y por cada miembro adicional de la familia se deberá sumar un 50% más (266 euros para 2014).

Para la recuperación de la residencia de larga duración “ordinaria”, en cambio, no es preciso acreditar disponer de recursos ni trabajo en España.

¿Dónde y cuando puede presentarse la solicitud?

La solicitud se puede presentar:

a)      Si se está fuera de España, ante el Consulado de España correspondiente. En este caso, la misión diplomática u oficina consular competente emitirá un visado, para cuya obtención serán exclusivos requisitos que al solicitante se le haya reconocido la recuperación de la titularidad de una autorización de residencia de larga duración y el abono de la tasa por tramitación del procedimiento de visado

b)      Si se está en España, directamente ante la Oficina de Extranjería del lugar de residencia.

n cuanto al plazo de solicitud, el RELOEX no establece ningún límite máximo para presentar las solicitudes, por lo que debe entenderse que en la actualidad no existe ningún límite temporal para presentar la solicitud.

Esperemos que en Consulados y Oficinas de Extranjería se vayan familiarizando con estos trámites que seguro que serán muy frecuentes en los próximos años.

Javier Sánchez Ribas.

Novedades

Y tú, cómo llegaste acá?

Sábado, 5 de julio de 2014

-¿Y tú cómo llegaste?

-Nada. A los compatriotas de mi país no hace falta nada para entrar en España

visa

… y por eso, tan pronto consiga un trabajo, me podré quedar acá, de manera legal.

Es curioso como va asentando al igual que una mera costumbre, la idea de que según determinados Estados, sus nacionales pueden entrar  y luego quedarse, casi libremente en nuestro suelo, mostrando un simple pasaporteLeer más…

Inmigración

LA RESIDENCIA COMUNITARIA PERMANENTE: OTRA VUELTA DE TUERCA CONTRA LOS CIUDADANOS COMUNITARIOS Y SUS FAMILIARES.

Lunes, 28 de abril de 2014

En los últimos meses hemos asistido a declaraciones públicas de representantes políticos de diversos estados comunitarios en los que se plantea la necesidad de introducir medidas que limiten o restrinjan el derecho de los ciudadanos de la UE a la libre circulación dentro de la UE.

El caso español está siendo diferente pues, evitando cualquier debate, lo que se está haciendo es actuar por la vía de hechos consumados, adoptando reformas tan o más restrictivas que las que tanto debate generan en otros países.

Pero en la últimas semanas no hemos encontrado con la peor de las formas de actuación en esta materia: sin modificación de norma alguna, sin que se dicte ninguna instrucción ni orden al respecto, nos hemos encontrado con que a los ciudadanos comunitarios y a sus familiares se les ha empezado a requerir que, para obtener la residencia permanente en régimen comunitario, acrediten que reúnen las mismas condiciones que para obtener dicho derecho de residencia inicial (es decir, acreditar empleo por cuenta propia o ajena, o disponer de medios de vida o ser estudiante).

En primer lugar, hay que llamar la atención sobre la diferente forma de actuación de ciertos gobiernos, que antes de tomar medidas de este tipo abren un debate público, lo que parece lo más correcto cuando se trata de medidas que afectan a uno de los pilares de la Unión Europea: la libre circulación dentro de su territorio.

Nuestros gobernantes, por el contrario, parecen pensar que dichas medidas no merecen tal consideración y prefieren hurtar todo debate.

La medida concreta, además, nos parece abiertamente ilegal, por contravenir tanto el Derecho Comunitario como nuestra propia legislación interna de trasposición de dicha Directiva

Así, vemos que la  Directiva 2004/38/CE  establece, en su artículo 16  que

“1.Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Dicho derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III.

2. El apartado 1 será asimismo aplicable a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.”

Por su parte, el artículo 10.1 del Real Decreto 240/2007 estableció que

“Son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto.”

Como vemos, las normas excluyen expresamente que la residencia permanente esté condicionada a las circunstancias del capítulo III (que son las exigidas para el derecho de residencia “temporal” en régimen comunitario).

La norma es tan clara que resulta sorprendente que alguien haya considerado que la norma permite  exigir los requisitos de empleo, medios de vida  o estudios para acceder a la residencia permanente.

Un auténtico despropósito que esperemos que se corrija cuanto antes.

A este respecto, resulta curioso que, desde hace unas semanas, en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social donde se encuentra la información sobre trámites y requisitos en procedimientos de extranjería, los dos apartados relativos a la residencia  permanente de ciudadanos de la UE o de sus familiares se encuentren “desconectados” sin que pueda accederse a la información relativa a estos trámites.

Esperemos que se deba a que alguien esté reconsiderando dicha medida y finalmente se vuelva a la normalidad (y, lo que es más importante,  a la legalidad).

Javier Sánchez Ribas.

Novedades

¿Se puede expulsar de España a ciudadanos de la Unión Europea?

Viernes, 28 de marzo de 2014

Hace unas semanas fue noticia el hecho de que, entre los extranjeros más expulsados de Bélgica, los españoles se encontraban en primer lugar. Más recientemente se ha dado gran difusión a la noticia de que Alemania estaría planteándose la expulsión de su territorio de los ciudadanos de la UE que, pasados tres meses, no consiguieran encontrar trabajo.

Este tipo de noticias causa extrañeza entre muchas personas, que ingenuamente piensan que en la Unión Europea existe el derecho a residir libremente en cualquier estado miembro con tan sólo acreditar ser nacional de un Estado Miembro, cuando la realidad es que no existe tal derecho de forma incondicionada. Dicho derecho sólo se reconoce a trabajadores, estudiantes y personas “solventes”.

Así lo establece la Directiva 2004/38 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que en su artículo 6 tan sólo garantiza el derecho a la libre circulación por períodos de hasta tres meses.

En su artículo 7 establece que, para residencia superior a tres meses, podrá exigirse que el ciudadano comunitario se encuentre realizando una actividad laboral, esté cursando estudios o disponga de recursos suficientes.

El problema es que, sorprendentemente, la Directiva no establece cuales son las consecuencias en caso de que una persona que no cumpla estas condiciones. ¿Se le puede entonces expulsar? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Se le puede llegar a internar por este motivo en un centro de detención?

La Directiva no dice nada, pues tan sólo regula (de forma bastante confusa), esta posibilidad  en sus artículos 27 y 28 pero tan sólo para supuestos en que se vulnera el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

¿Cómo regula España esta materia? ¿Puede España expulsar a ciudadanos de la UE?

Hasta hace poco, España realizaba una aplicación generosa de la Directiva en cuestión, pues bastaba acreditar la nacionalidad de un Estado miembro de la UE para que se le concediera el derecho a residir en España.

Sí se producían expulsiones de ciudadanos de la EU, pero sólo por motivos de orden público, seguridad publica o salud pública.

Pero la última reforma del Real Decreto 240/2007 (modificación de su artículo 7) ha venido equipararse a la Directiva, transcribiendo literalmente sus artículos en relación al derecho de residencia superior  a tres meses.

Por tanto, ahora también en España una persona de la UE puede encontrarse sin el derecho a residir por más de tres meses. Y, por ello, podría considerarse que, si se encuentra en dicha situación podría ser expulsado. Pero sobre este aspecto, también el R.D. 240/2007 guarda silencio.

En materia de expulsión tan sólo encontramos regulada esta materia de forma detallada en la L.O. 4/2000, pero recordemos que la LOEX, en su artículo establece que dicha norma sólo será de aplicación a los ciudadanos de la UE en aquellos aspectos que puedan ser más favorables. Resulta evidente que la expulsión del territorio, la posibilidad de ser detenido o internado en un CIE  no son aspectos favorables, por lo que no pueden ser considerados aplicables a los ciudadanos de la UE (ni, en nuestra opinión, a sus familiares).

Parece, pues, que nos encontramos ante una laguna legal en esta materia, por lo que, mientras no exista una regulación legal específica sobre la materia, pensamos que los ciudadanos de la UE no podrían legalmente ser expulsados de España.

En cualquier caso, vemos con tristeza que seguimos dando pasos atrás hacia lo que era en sus orígenes la Unión Europea: una mera comunidad económica.  Esperemos que sepamos parara a tiempo.

Javier Sánchez Ribas.

Novedades

La residencia por arraigo familiar ¿Hasta cuando mi hijo español me permite regularizarme? Cuestionables nuevas prácticas administrativas.

Jueves, 6 de marzo de 2014

No es infrecuente la circunstancia de que una persona extranjera en situación irregular tenga un hijo menor de nacionalidad española. Esta situación se puede producir diversas circunstancias, y es evidente que es una situación excepcional que  hubiera merecido hace mucho tiempo una regulación específica que permitiera, en atención del interés superior del menor, la regularización de sus progenitores extranjeros.

Pero no fue hasta 2011 cuando se dio una solución específica que no estaba sujeta a interpretaciones discrecionales de la Administración.

Así, el Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011) instauró el derecho de obtener la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (art. 124.3.a)) a los ascendientes de menor español

Sin embargo, el Reglamento introdujo una novedad en lo relativo a las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Dichas autorizaciones ahora no son prorrogables, sino que, a su vencimiento, pueden modificarse para obtener una autorización de residencia inicial. No obstante, en la práctica, los requisitos para la modificación son los mismos que para una renovación, e incluso en la propia web de la Administración dicho procedimiento se tramita en el apartado de renovación de autorizaciones.

No es extraño, pues, que muchas personas que obtuvieron la residencia por arraigo familiar, al vencerse su autorización no puedan modificar la misma por no cumplir los requisitos para ello, generalmente por no haber cotizado un período suficiente a la Seguridad Social y no tener ingresos suficientes para poder obtener la residencia no lucrativa (2.219 euros al mes en la actualidad).

¿Qué ocurre en estas situaciones?

En un primer momento, uno diría que, mientras se cumplan los requisitos del reglamento para la obtención del arraigo familiar (es decir, mientras se tenga un hijo menor de nacionalidad española a cargo), no habría inconveniente en solicitar nuevamente la misma autorización de residencia por arraigo familiar.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la Administración a comenzado a informar a las personas en esta situación que no es posible formular dicha solicitud.

En primer lugar, se abusa de la tristemente habitual práctica administrativa de informar al extranjero que no se le va a recoger su solicitud, lo que es un flagrante incumplimiento de la Ley 30/1992 y que provoca que muchas personas desistan de plantear su solicitud. Pero incluso si el extranjero es conocedor de sus derechos e insiste, la solicitud es admitida pero inadmitida a trámite, alegando que se trata de una reiteración en una misma solicitud.

En nuestra opinión dicha práctica es impugnable por varias razones. En primer lugar, por falta de motivación, ya que parece evidente que el ser ascendiente de un menor español no es un hecho puntual sino una circunstancia subjetiva que se mantiene en el tiempo y que por tanto debe ser tenida en cuenta con independencia de las veces que sea necesario invocarla, pues no se está reiterando ninguna solicitud sino formulando una nueva e independiente de la anterior.

Por otro lado, no debemos olvidar que en estos casos nos encontramos con el principio del interés superior del menor, que sin duda se ve negativamente afectada por el hecho de que uno de sus progenitores (o ambos) puedan quedarse en situación irregular en España.

Además, el derecho a la vida en familia viene recogido en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es, por tanto, uno de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como tal debe ser protegido por España.

Por último, la Defensora del Pueblo ha emitido recientemente una recomendación sobre este procedimiento, en la que formula la siguiente recomendación:”impartir con urgencia instrucciones a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a fin de que concedan autorizaciones de residencia por arraigo familiar a las personas que, a la caducidad de sus tarjetas obtenidas por esa vía, no reúnan los requisitos necesarios para modificar su situación a la residencia y trabajo por cuenta ajena o propia”.

Esperemos que en esta ocasión la reacción de la Administración a esta recomendación sea más favorable que en ocasiones precedentes.

De no ser así, animamos a utilizar todas las herramientas legales para impugnar las decisiones que impidan a un ascendiente de un menor español la obtención de autorización de residencia en España.

Javier Sánchez Ribas.

Novedades

La concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza. La situación de los sefarditas y la reforma que se avecina.

Martes, 18 de febrero de 2014

En un estudio de la Fundación Civio se estudiaron las concesiones de nacionalidad española por carta de naturaleza.

De las casi mil concesiones de nacionalidad llaman la atención dos datos:

-         El primero, la desproporción entre el número de nacionalidades concedidas a médicos y científicos comparada con el número de nacionalidades concedidas a deportistas. Creemos que, para cualquier conocedor de nuestro país, resulta innecesario decir cual de estos colectivos es el  que ha sido “premiado” con mayor número de nacionalidades. (Construyendo la “marca España”).

-         El segundo, el gran número de nacionalidades concedidas a sefarditas (casi el 80% del total).

Parecería que en la práctica, el mero de hecho de ser sefardita constituye en la actualidad una condición suficiente para la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza regulada en el artículo 21 del Código Civil.

Recordemos que, además, según el artículo 22 del Código Civil, la condición de sefardita también  permite solicitar la nacionalidad española por residencia con tan sólo dos años de residencia legal y continuada (en lugar del plazo general de diez años).

Pero recientemente se acaba de anunciar una importante novedad: el anteproyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España y por el que se modifica el artículo 23 del código civil.

La principal novedad de dicho anteproyecto es que, durante un plazo de dos años, la concesión de nacionalidad española a los sefarditas dejará de ser un procedimiento discrecional para convertirse en un derecho de quienes puedan acreditar tal condición.

Además, quienes obtengan la nacionalidad por esta vía no deberán renunciar a su nacionalidad de origen.

¿Cómo se acredita la condición de sefardita?

Esta es sin duda la cuestión clave, pues es evidente que no se puede exigir una prueba plena de la descendencia de personas que vivieron en España hace 500 años.

En el anteproyecto se establecen los siguiente modos de acreditar la condición de sefardita:

a) Por un certificado expedido por la Secretaría General de la Federación de Comunidades Judías de España en el que se acredite la pertenencia del interesado a la comunidad judía sefardí.

b) Por un certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante o cualquier otra documentación que el interesado considere conveniente a estos efectos.

c) Por los apellidos del interesado o por el idioma familiar o por otros indicios que demuestren su pertenencia a la comunidad judía sefardí.

d) La inclusión del peticionario, o su descendencia directa de persona incluida en las listas de familias sefardíes protegidas por España, a que, con relación a Egipto y Grecia, hace referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o en cualquier otra lista análoga, o de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924.

e) La vinculación o parentesco del solicitante con una persona o familia de las mencionadas en el apartado anterior.

f) En el caso de presentarse la solicitud ante el encargado del Registro civil Consular del domicilio del interesado aquel tendrá en cuenta cualquier signo de pertenencia del solicitante a la comunidad española de su demarcación.

La circunstancia que aparece más indeterminada es la que hace referencia a “los apellidos del interesado”, pues no especifica  cuales son los apellidos que pueden ser tenidos en cuenta para este procedimiento ni cómo podrá determinarse qué apellidos podrán ser considerados suficientes para acreditar la condición de sefardita.

Esperemos que en la tramitación parlamentaria puedan ir definiéndose mejor estos aspectos, pues esta ley va a tener una gran importancia para millones de personas en todo el mundo.

Y también esperemos que se reconsidere el que el procedimiento sólo tenga un plazo de dos años para acogerse a él, pues no acabamos de entender que para corregir una injusticia histórica de más de 500 años se otorgue un plazo tan raquítico.

Javier Sánchez Ribas.

Nacionalidad